La propuesta del Gobierno para crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades continúa generando debate político y ciudadano, aunque las primeras mediciones muestran un importante respaldo de la opinión pública a la iniciativa.
Según diversos sondeos conocidos durante los últimos días, una mayoría de los consultados (Encuesta Black and White) se manifestó favorable a la creación de un registro destinado a identificar a personas condenadas por actos de vandalismo y conductas que afecten la convivencia en espacios públicos. Entre los resultados difundidos, el apoyo supera ampliamente a quienes rechazan la medida.
La iniciativa fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública y posteriormente formalizada mediante la firma de un proyecto de ley que será tramitado en el Congreso. El objetivo, según ha explicado el Ejecutivo, es generar un mecanismo de registro para quienes sean sancionados por conductas como daños a la infraestructura pública, rayados no autorizados, destrucción de mobiliario urbano y otras acciones consideradas incivilidades o actos vandálicos.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno, las personas incorporadas al registro podrían enfrentar restricciones temporales para acceder a determinados beneficios estatales y realizar algunos trámites administrativos mientras permanezcan inscritas. La permanencia propuesta en el registro sería de cinco años para los casos contemplados por la iniciativa.
Desde La Moneda sostienen que la medida busca fortalecer la responsabilidad individual y generar un efecto disuasivo frente a conductas que deterioran los espacios comunes y afectan la calidad de vida de los vecinos. Autoridades han comparado la propuesta con otros registros ya existentes en Chile, como el de deudores de pensiones de alimentos o el de personas sancionadas por hechos de violencia en espectáculos deportivos.
Sin embargo, la iniciativa también ha despertado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y académicos. Algunos expertos han advertido sobre eventuales impactos en garantías fundamentales y han planteado dudas respecto de la proporcionalidad de las sanciones asociadas al registro.
Mientras el debate comienza a trasladarse al Congreso, las encuestas reflejan que el combate a la delincuencia, el vandalismo y las incivilidades sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, contexto que explica el alto nivel de respaldo que ha obtenido la propuesta en sus primeras semanas de discusión pública.
