Con un importante despliegue de recursos humanos, terrestres y aéreos, el Gobierno presentó su estrategia para enfrentar la próxima temporada de incendios forestales, reforzando la coordinación entre instituciones públicas y privadas para proteger a las personas, viviendas y sectores de mayor riesgo.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al ministro de Agricultura, Jaime Campos, encabezaron el lanzamiento del Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, iniciativa que busca anticipar emergencias, fortalecer la detección temprana y mejorar la capacidad de respuesta ante una temporada estival que se proyecta compleja.
El plan contempla que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) disponga de 319 brigadas, más de 3.778 brigadistas, 77 aeronaves y 396 recursos de detección, además de 26 brigadas nocturnas y centrales de coordinación operativas las 24 horas. A este despliegue se suman los recursos de las empresas forestales, que consideran 338 brigadas, 3.265 brigadistas y 56 aeronaves, entre otros equipos especializados.
Durante la presentación, el Presidente Kast enfatizó la importancia de actuar anticipadamente: “Nosotros no podemos evitar los efectos, los dramas que se generan por factores climáticos, pero sí podemos prevenir”, destacando además la necesidad de fortalecer la coordinación territorial y el trabajo preventivo de los municipios.
Por su parte, el ministro Jaime Campos subrayó que la detección temprana resulta fundamental para evitar emergencias de gran magnitud, señalando que los primeros cinco minutos desde que se identifica un incendio pueden ser decisivos para su control.
La estrategia considera la participación coordinada de CONAF, SENAPRED, Bomberos, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y empresas privadas, incorporando simulacros regionales, coordinación aérea, medidas preventivas y apoyo logístico para el despliegue de maquinaria pesada. El objetivo es fortalecer la preparación del país y reducir el impacto de los incendios forestales durante la temporada 2026-2027.
El terreno, actualmente en desuso y afectado por la acumulación de basura e incivilidades, será entregado en comodato por 99 años a la Municipalidad de Puerto Montt para desarrollar el Parque Mirador Tercera Terraza.
La iniciativa busca recuperar un espacio público, mejorar la seguridad y las áreas verdes e integrar sectores residenciales de la capital regional.
Sitios eriazos que hoy acumulan basura y generan problemas de seguridad podrán convertirse en un nuevo espacio público para las familias de Puerto Montt. Ese es el objetivo del Parque Mirador Tercera Terraza, iniciativa que dio un paso decisivo luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, autorizara la entrega en comodato por 99 años de terrenos de propiedad del SERVIU Los Lagos a la Municipalidad de Puerto Montt.
El anuncio se enmarca en el Plan Sitio Eriazo Cero del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que busca recuperar terrenos públicos en desuso y ponerlos al servicio de las personas y las comunidades. De esta manera, un espacio actualmente degradado podrá tener un destino social, con áreas verdes, miradores y lugares de esparcimiento que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
“Estamos con nuestra subsecretaria, con el diputado Mauro González y con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, para hacer una operación en un sitio que es extraordinario. Lo que vamos a hacer es entregar en comodato un terreno que hoy día es pura incivilidad, basura, inseguridad, eriazos. Entonces, en este ministerio odiamos los eriazos porque siempre terminan en incivilidades”, señaló el ministro Poduje. El secretario de Estado destacó la propuesta impulsada por el municipio, con el apoyo del diputado y la gestión de la subsecretaria del Minvu, Natalia Aguilar, que permitirá destinar el terreno a la construcción de un parque. “Esto es lo que nos pidió el Presidente, que los sitios fiscales presten un rol social y no sean un pasivo ambiental”, afirmó, manifestando su expectativa de que el proyecto pueda estar construido en aproximadamente dos años.
El seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Mario Marchant, relevó que la iniciativa representa un avance concreto en la recuperación de terrenos públicos para las comunidades. “Este es un plan que nos ha encargado el Presidente de la República, José Antonio Kast, a través del ministro Ivan Poduje, en donde nosotros como Ministerio estamos identificando todos los terrenos eriazos que tenemos para ponerlos a disposición de las familias que lo necesitan y, particularmente, de los municipios que puedan desarrollar proyectos”, explicó. Marchant agregó que el futuro parque contará con espacios para miradores y esparcimiento, y que complementará los proyectos de ascensores urbanos que impulsa el Minvu junto con el Ministerio de Transportes. Asimismo, subrayó que recuperar terrenos actualmente subutilizados permitirá avanzar en seguridad y asegurar que los espacios de propiedad del SERVIU tengan un uso en beneficio de las familias.
Desde el SERVIU Los Lagos, su directora subrogante, Verónica del Valle, destacó el trabajo de identificación de terrenos disponibles para nuevos proyectos comunitarios. “Como servicio hemos estado realizando el análisis de todos los terrenos disponibles para ponerlos a disposición de los municipios, las organizaciones y que estos terrenos tengan una utilidad para la comunidad. Así que seguiremos trabajando en la identificación de terrenos que sean útiles para la comunidad y así poder hacer ciudades y espacios más seguros para todos”, indicó.
Un parque que contribuirá a integrar la ciudad
Además de recuperar un terreno degradado, el Parque Mirador Tercera Terraza busca fortalecer la conexión entre sectores de Puerto Montt y poner en valor miradores históricos ubicados en las poblaciones Manuel Montt y La Colina, integrándolos en un sistema de espacios públicos y áreas verdes.
El proyecto se vincula con el Sistema de Conectividad Interterrazas y con el futuro sistema de ascensores urbanos que impulsan el Minvu y el Ministerio de Transportes. La iniciativa busca facilitar la conexión peatonal entre la Costanera, el Centro Cívico, la Tercera Terraza y los sectores residenciales ubicados en las partes altas de la ciudad.
De esta forma, el futuro parque contribuirá a reconectar la ciudad con su entorno costero y la bahía de Puerto Montt, mediante un espacio que combine áreas verdes, miradores, esparcimiento y conectividad. Así, la recuperación de un terreno público en desuso se proyecta como una oportunidad para mejorar el entorno urbano, fortalecer la seguridad y generar nuevos espacios de encuentro para la comunidad.
La nueva temporada contempla inicialmente 15 recaladas y la llegada proyectada de cerca de 7 mil pasajeros y tripulantes, fortaleciendo la actividad turística y económica de Chiloé.
Castro, 22 de octubre de 2026. Con la participación de autoridades provinciales, marítimas y representantes del sector portuario, la Empresa Portuaria Puerto Montt (Empormontt) realizó en Castro el lanzamiento oficial de la temporada de cruceros internacionales 2026-2027, marcando el inicio de un nuevo período de actividad turística que busca fortalecer la conectividad del archipiélago con el mundo y generar oportunidades para el desarrollo económico local.
La ceremonia contó con la presencia del delegado presidencial provincial de Chiloé, Fernando Bórquez; el gerente general de Empormontt, Andrés Gómez; los alcaldes de Quinchao, Quellón, Chonchi y Ancud; y el capitán de Puerto de Castro, Gonzalo Barría, en representación de la autoridad marítima. También participaron representantes de Sernatur, Carabineros, la PDI y diversos actores del sector turístico y marítimo-portuario.
De acuerdo con la programación inicial, la temporada considera 15 recaladas internacionales, con una proyección de 4.497 pasajeros y 2.417 tripulantes, totalizando cerca de 7 mil personas a bordo de las embarcaciones que visitarán Castro. Estas cifras representan una oportunidad para dinamizar sectores como el turismo, la gastronomía, el comercio, el transporte y los servicios asociados a la recepción de visitantes internacionales.
Durante la actividad se destacó la evolución que ha experimentado el Puerto de Castro durante la última década, mediante el fortalecimiento de sus capacidades humanas, operacionales y comerciales. Este proceso ha permitido consolidar su participación en la industria de cruceros y proyectarlo como una infraestructura estratégica para el turismo y la conectividad de la provincia.
En este contexto, el gerente general de Empormontt, Andrés Gómez, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las alianzas entre el sector público, la industria marítimo-portuaria y las comunidades locales.
«El inicio de esta temporada representa mucho más que la llegada de cruceros. Es una oportunidad concreta para que Chiloé siga posicionándose como un destino turístico de relevancia mundial y para que los beneficios de esta actividad lleguen a sus comunidades. Desde Empormontt queremos fortalecer un trabajo colaborativo con las autoridades, los municipios y el sector privado, entregando las mejores condiciones operacionales y de seguridad para que cada recalada contribuya al desarrollo económico y turístico de nuestra región«, señaló Andrés Gómez, gerente general de Empormontt.
Finalmente, desde la empresa portuaria reafirmaron su compromiso con el desarrollo de una actividad marítimo-portuaria segura, eficiente y sostenible, promoviendo una coordinación permanente con la Autoridad Marítima, los servicios públicos, los municipios y los distintos actores de la industria, con el propósito de seguir consolidando a Castro como una puerta de entrada al patrimonio natural, cultural y turístico de Chiloé.
El aluvión de Las Condes abre preguntas sobre los criterios que permitieron urbanizar la precordillera y la capacidad de los colectores que reciben sus quebradas. Una advertencia municipal de julio obliga, además, a revisar qué medidas se adoptaron antes de la emergencia.
El agua y el barro que descendieron sobre San Carlos de Apoquindo dejaron una pregunta que va más allá de la intensidad de la lluvia: ¿con qué margen de seguridad se permitió construir una ciudad al pie de quebradas activas?
La respuesta exige retroceder hasta el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994. La cota de 1.000 metros quedó como referencia para el límite de expansión urbana en el borde cordillerano. Una investigación académica la vincula con la transición del piedemonte hacia sectores de quebradas y pendientes más pronunciadas. Pero esa referencia territorial no equivale a una garantía de seguridad para cada terreno situado bajo ella.
¿Por qué se escogieron los 1.000 metros y no los 800? ¿Qué estudios compararon ambos límites? ¿Cómo se evaluó la exposición de los futuros habitantes a crecidas y aluviones? La fundamentación original de esa decisión es una pieza pendiente de esta investigación.
La otra pregunta está bajo tierra: qué capacidad tienen las obras que reciben el agua de las quebradas y bajo qué exigencias fueron aprobadas.
El académico de Ingeniería Hidráulica y Ambiental UC Jorge Gironás explica que las quebradas Honda y Apoquindo desembocan en un sistema de colectores. Su evaluación tras la emergencia advierte que esas conducciones no están pensadas para eventos como el ocurrido y que las obstrucciones agravan el problema.
Determinar si el diámetro era insuficiente requiere revisar los cálculos originales: cuánta agua se esperaba recibir, qué intensidad de lluvia se consideró y qué crecimiento urbano se incorporó. También exige establecer si las obras podían enfrentar el arrastre de piedras, barro y vegetación, o si su funcionamiento dependía de mantener permanentemente despejadas sus entradas.
Existe un antecedente que vuelve urgente esa revisión. El acta del Concejo Municipal de Las Condes del 23 de julio de 2026 registra una obstrucción parcial del acceso al colector Quebrada Honda por agua, piedras y lodo. Describe, además, acumulación de sedimentos que comprometía las estructuras de retención para otro frente climático, y conversaciones sobre nuevas piscinas decantadoras y mejoras de diseño.
¿Qué intervenciones se ejecutaron entre esa advertencia y el aluvión de octubre? ¿Se evaluó nuevamente la capacidad del sistema?
El PRMS ya exigía estudios y obras de protección para construir en quebradas. Por eso, la presencia de viviendas y equipamientos como colegios, universidades y clínicas obliga a revisar los permisos: qué riesgos se identificaron, qué medidas se aprobaron y cómo se verificó su cumplimiento.
La eventual influencia del interés inmobiliario también requiere documentos: cambios de zonificación, solicitudes de propietarios, observaciones técnicas y decisiones de las autoridades. Sin ellos, atribuir la cota mil a una presión empresarial sería una conclusión anticipada.
La pregunta de fondo es si la expansión de Santiago estuvo acompañada por exigencias de protección suficientes, o si las obras que debían hacerla segura quedaron rezagadas frente al crecimiento de la ciudad.
La revisión también debe alcanzar a las decisiones tomadas durante los años noventa: ¿qué lugar ocuparon la protección ambiental y la prevención de riesgos frente al impulso por expandir la ciudad? ¿Se cumplieron las reglas existentes y fueron suficientes las exigencias impuestas a los desarrolladores inmobiliarios?
Los socavones del sector Reñaca–Concón muestran por qué estas preguntas requieren respuestas. En el caso del colector Reñaca Norte, Contraloría detectó irregularidades en las aprobaciones y cuestionó aspectos de su funcionamiento y mantenimiento. Problema con el diámetro de las tuberías: también involucraba las condiciones bajo las cuales se autorizaron las obras y sus conexiones.
¿Dónde estuvieron las exigencias y la fiscalización de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas? ¿Quién debe responder cuando una infraestructura aprobada termina fallando? En Las Condes, esas responsabilidades todavía deben esclarecerse.
Las autoridades pueden haber dejado sus cargos y los desarrolladores haber vendido las viviendas y edificios, pero el riesgo permanece con quienes los habitan. El paso del tiempo no debería cerrar la revisión de las decisiones ni diluir las responsabilidades que se acrediten. La venta termina; la obligación de responder por lo construido no puede terminar con ella.
La iniciativa, que anteriormente se desarrollaba en la provincia de Chiloé, tendrá cobertura regional durante la próxima temporada de incendios forestales y contempla 334 puestos de trabajo.
La Región de Los Lagos reforzará sus acciones de prevención frente a los incendios forestales mediante la ampliación del Programa de Emergencia de Empleo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), iniciativa que para la próxima temporada extenderá su cobertura a nivel regional.
El programa, que anteriormente se desarrollaba en la provincia de Chiloé, contempla 334 puestos de trabajo y estará enfocado en apoyar distintas labores destinadas a disminuir el riesgo y la propagación de incendios forestales.
Entre las principales acciones consideradas se encuentra el refuerzo en la construcción de cortafuegos, junto con otras tareas preventivas orientadas a preparar distintos sectores de la región antes del período de mayor riesgo de incendios.
El delegado presidencial regional de Los Lagos, Cristián Palma Valdés, destacó la importancia de anticipar este trabajo y no esperar a que se produzcan las emergencias para adoptar medidas.
Según explicó la autoridad, la prevención requiere preparar previamente los distintos espacios y disminuir aquellas condiciones que pueden facilitar tanto el inicio como la propagación del fuego. En ese sentido, señaló que el programa apunta especialmente a proteger la vida de las personas, sus viviendas y el patrimonio natural de la Región de Los Lagos.
La ampliación del programa permitirá así extender a toda la región una iniciativa que hasta ahora se desarrollaba en Chiloé, combinando la generación de 334 puestos de trabajo con el fortalecimiento de las medidas de prevención y preparación para la próxima temporada de incendios forestales.
Las solicitudes para subdividir predios rústicos acumulan una baja cercana al 80% respecto de los máximos registrados en 2022. El Gobierno mantiene en discusión una propuesta para ordenar el desarrollo habitacional en áreas rurales y reforzar la protección de los suelos agrícolas.
El mercado de las parcelaciones rurales continúa mostrando una marcada desaceleración en Chile. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron 2.345 solicitudes de subdivisión de predios rústicos, cifra que representa una caída de 49% respecto del mismo período de 2025 y que se ubica muy por debajo de los niveles observados hace cuatro años.
La diferencia es especialmente significativa al comparar las cifras con el primer semestre de 2022, cuando se contabilizaron 12.032 solicitudes. Desde ese máximo, el volumen de ingresos ha disminuido aproximadamente 80%, dando cuenta de un escenario mucho más restrictivo para este tipo de desarrollos.
La tendencia comenzó a hacerse evidente luego de las medidas adoptadas en 2022 para reforzar la fiscalización de las subdivisiones rurales. Desde entonces, las solicitudes han descendido de manera sostenida: durante 2023 se registraron 8.323 ingresos en el primer semestre y 6.894 en el segundo; en 2024 fueron 5.737 y 5.006, respectivamente; mientras que en 2025 bajaron a 4.618 y 4.032.
El debate ahora está en cómo regular el crecimiento rural
Más allá de la caída de las solicitudes, la discusión de fondo continúa siendo qué tipo de desarrollo puede permitirse en sectores rurales y bajo qué condiciones.
El Gobierno ingresó en 2024 un proyecto destinado a introducir modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objetivo de establecer reglas más claras para las parcelaciones y enfrentar el crecimiento habitacional fuera de las áreas urbanas planificadas.
La iniciativa, sin embargo, no ha registrado avances sustantivos durante los últimos meses y permanece en discusión legislativa.
Uno de los puntos que se ha planteado durante su tramitación es la posibilidad de establecer mecanismos que permitan distinguir entre subdivisiones destinadas efectivamente a actividades rurales y aquellas que, en la práctica, terminan conformando sectores residenciales.
También se ha discutido la creación de una franja de transición entre los límites urbanos y rurales, buscando generar un marco regulatorio intermedio para zonas donde actualmente existe presión por nuevos desarrollos.
Agricultura pone el foco en proteger los suelos productivos
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, señaló que la prioridad de su cartera está en resguardar los terrenos con aptitud agrícola y evitar que su subdivisión termine modificando su uso hacia fines exclusivamente habitacionales.
Desde Agricultura sostienen que el desafío no pasa necesariamente por impedir las subdivisiones rurales, sino por establecer mecanismos que permitan compatibilizar el derecho de los propietarios a subdividir sus terrenos con la protección de los mejores suelos productivos del país.
En esa línea, la discusión regulatoria será clave para determinar cómo evolucionará el mercado de parcelas durante los próximos años, especialmente en regiones donde la expansión de proyectos residenciales rurales ha sido significativa.
Por ahora, las cifras muestran un cambio evidente: el auge de las parcelaciones registrado a comienzos de esta década se ha reducido drásticamente, mientras las nuevas reglas que podrían definir su futuro continúan pendientes en el Congreso.
El Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) alcanzó los 48,21 puntos, aumentando más de cuatro puntos respecto de julio. Si bien el índice todavía se mantiene técnicamente en terreno pesimista, quedó a menos de dos puntos del umbral que marca una percepción optimista.
La confianza empresarial registró una importante recuperación durante agosto. El Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), elaborado por ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), llegó a 48,21 puntos, mostrando un avance significativo respecto del mes anterior.
La cifra es relevante porque el indicador utiliza los 50 puntos como nivel neutral: sobre ese valor las expectativas empresariales se consideran optimistas, mientras que bajo ese nivel permanecen en terreno pesimista. Por lo tanto, pese al fuerte repunte de agosto, la confianza empresarial aún no cruza hacia el optimismo, aunque quedó cerca de hacerlo.
El resultado también muestra una mejora respecto del mismo período del año pasado, ubicándose 1,49 puntos por encima de agosto de 2025, y representa un cambio frente a la tendencia a la baja registrada durante los meses anteriores.
Mejores expectativas para los próximos meses
Parte de esta recuperación estaría relacionada con una visión más favorable sobre el desempeño de la economía durante la segunda mitad del año, especialmente ante expectativas de una mayor actividad y demanda.
A este escenario se suma la aprobación de la Ley de Reconstrucción, que también habría contribuido a mejorar las perspectivas empresariales de cara a los próximos meses.
Sin embargo, la situación continúa siendo dispar entre los distintos sectores de la economía. Comercio y minería ya se encuentran en terreno optimista, mientras que construcción e industria permanecen en niveles pesimistas.
Así, el dato de agosto entrega una señal favorable, pero todavía insuficiente para hablar de un cambio completo de escenario. El próximo desafío será superar la barrera de los 50 puntos y, principalmente, que esta mejora en las expectativas se traduzca en mayor inversión, contratación y actividad económica.
Fuente: Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), ICARE – Universidad Adolfo Ibáñez.
El Lago Llanquihue constituye uno de los territorios más relevantes del sur de Chile. Es el segundo lago más grande del país y está rodeado por cuatro comunas —Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay— reconocidas a nivel nacional por su atractivo turístico, patrimonio, actividad productiva y calidad de vida. A ello se suma su cercanía con Puerto Montt, principal polo económico y de servicios de la Región de Los Lagos, y con el aeropuerto El Tepual, la principal puerta de entrada aérea de la zona. Estas condiciones convierten a la cuenca en un espacio con un enorme potencial, pero también con desafíos comunes que difícilmente pueden ser abordados por cada municipio de manera aislada.
Precisamente para enfrentar esos desafíos nació una idea que parecía tan necesaria como prometedora: que las cuatro municipalidades dejaran de mirar el lago exclusivamente desde sus respectivos límites comunales y comenzaran a planificar su desarrollo como una sola cuenca.
Así surgió la Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Lago Llanquihue, constituida formalmente en 2016 y posteriormente reactivada con fuerza. Hubo anuncios, reuniones entre alcaldes, coordinaciones con organismos públicos, proyectos, presencia en medios y hasta la instalación de una estructura administrativa con una Secretaría Ejecutiva.
La expectativa era importante: contar con una institución capaz de articular a las cuatro comunas en materias como medio ambiente, infraestructura, conectividad, turismo, planificación territorial y desarrollo económico.
Diez años después de su constitución, sin embargo, la distancia entre aquella promesa y su situación actual abre interrogantes.
“No estamos avanzando y eso es muy preocupante”, reconoció recientemente el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, durante una sesión del Concejo Municipal.
Una organización creada para pensar el lago como una unidad
La lógica detrás de la Asociación era evidente. Los principales desafíos del Lago Llanquihue no reconocen límites comunales.
La calidad de sus aguas, el desarrollo turístico, las actividades productivas, la conectividad alrededor del lago, la protección del borde lacustre, la infraestructura y el crecimiento urbano requieren necesariamente algún grado de coordinación entre Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay.
Por ello, los estatutos entregaron a la Asociación atribuciones considerablemente amplias: promover proyectos de inversión, impulsar infraestructura vial y lacustre, desarrollar iniciativas medioambientales, elaborar estudios, establecer convenios con instituciones públicas y privadas y conseguir financiamiento externo.
La organización cuenta además con personalidad jurídica propia, un directorio integrado por representantes municipales y una Secretaría Ejecutiva encargada de llevar adelante su gestión.
¿De dónde sale el dinero?
La Asociación se financia principalmente a través de aportes de las propias municipalidades que la integran, además de tener la posibilidad de recibir recursos provenientes de organismos públicos y privados.
Los antecedentes disponibles permiten comenzar a dimensionar esos aportes.
Durante 2024, por ejemplo, la Municipalidad de Frutillar registró pagos por concepto de cuotas de asociatividad a la Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Lago Llanquihue.
Los registros municipales muestran aportes equivalentes a $1 millón mensual, totalizando $12 millones correspondientes a ese año.
A esos recursos se agregan fondos obtenidos para iniciativas específicas. En 2023, por ejemplo, el Gobierno Regional de Los Lagos transfirió $9.381.839 a la Asociación para financiar una iniciativa de monitoreo comunitario de las aguas del Lago Llanquihue.
Por lo tanto, no se trata simplemente de una mesa informal de alcaldes. Existe una organización formal, con personalidad jurídica, financiamiento y una estructura creada precisamente para transformar la coordinación política en proyectos concretos.
De los anuncios a las dificultades
La Asociación tuvo durante los últimos años una presencia pública relevante.
Desde 2021 se impulsó una etapa de reactivación y se instaló una Secretaría Ejecutiva. Gonzalo Larraín Tocornal ejerció esa función entre 2021 y 2024 y posteriormente asumió Allan Vásquez Otey, quien actualmente figura en los registros oficiales de Subdere como secretario ejecutivo. Vásquez es conocido por ser el histórico brazo derecho del senador Fidel Espinoza. Durante años, ejerció como su secretario parlamentario, estratega de campañas y representante legal de Radio Reloncaví, medio vinculado al entorno del congresista.
Gracias a esto, Vásquez dio el salto a la gestión pública local como Secretario Ejecutivo de la Asociación. Desde este cargo, ratificado por los alcaldes de Puerto Varas, Frutillar, Llanquihue y Puerto Octay, actúa como ministro de fe y articulador de los proyectos de desarrollo que se financian mediante la SUBDERE.
La interrogante está en si los resultados alcanzados corresponden a las expectativas, recursos y objetivos con que fue impulsada una asociación llamada a transformarse en una instancia estratégica para toda la cuenca.
“Se ha ido diluyendo”
Esa dificultad quedó públicamente expuesta durante agosto de 2026.
En una sesión del Concejo Municipal de Puerto Varas, la concejala Pamela Bongain, representante de esa comuna ante la Asociación, sostuvo que la instancia “se ha ido diluyendo”, cuestionó que sus integrantes no estuvieran reuniéndose regularmente y planteó la falta de resultados visibles durante 2025 y 2026.
El diagnóstico fue compartido por el propio alcalde Tomás Gárate. “Estamos en un momento delicado en la Asociación de la Cuenca. No tenemos la unión que tuvimos por varios años”, reconoció. Y agregó una frase todavía más categórica: “No estamos avanzando y eso es muy preocupante”.
La situación había tenido otra señal durante marzo, cuando una reunión convocada por la Asociación para analizar la permanencia de las salmoneras en el Lago Llanquihue terminó sin quórum debido a la ausencia de tres de los cuatro alcaldes convocados.
Una necesidad que sigue pendiente
La paradoja es que los problemas que justificaron la creación de la Asociación no han desaparecido.
El crecimiento urbano, la presión inmobiliaria y turística, la protección de las aguas, la conectividad entre las comunas, las actividades productivas y la necesidad de una planificación conjunta hacen que hoy resulte incluso más necesario contar con una instancia capaz de pensar el Lago Llanquihue como una unidad.
La cuenca posee condiciones excepcionales: cuatro comunas con identidad propia, uno de los mayores lagos del país, cercanía con Puerto Montt, conexión aérea nacional y una actividad turística y productiva de enorme relevancia para Los Lagos.
Precisamente por eso las expectativas depositadas en la Asociación fueron altas.
A una década de su creación, la pregunta ya no es si Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay necesitan trabajar juntas. La pregunta es por qué una institución creada específicamente para conseguirlo no logró consolidarse como el gran espacio de coordinación y desarrollo de la cuenca que alguna vez prometió ser.
El organismo proyecta resolver más de 15 mil expedientes durante 2026, un 58% más que el año pasado, junto con impulsar cambios para simplificar trámites y reducir los tiempos de respuesta que afectan a proyectos de inversión en distintas regiones del país.
La Dirección General de Aguas (DGA) está impulsando una estrategia para acelerar la tramitación de miles de expedientes pendientes y reducir uno de los principales cuellos de botella administrativos que enfrentan proyectos agrícolas, inmobiliarios, sanitarios, energéticos y productivos en Chile.
Al asumir la actual administración, el organismo recibió un stock acumulado de 28.645 expedientes pendientes. A ello se suma que anualmente ingresan alrededor de 10.576 nuevas solicitudes, lo que durante los últimos años ha dificultado disminuir la cartera acumulada.
Para 2026, la DGA se fijó como objetivo superar los 15 mil expedientes resueltos, frente a los 9.478 registrados durante 2025, lo que representaría un incremento cercano al 58%.
Los primeros resultados muestran avances. Entre marzo y julio se resolvieron 4.178 expedientes, un 18% más que durante igual período del año pasado.
Menos burocracia y mayor rapidez
La estrategia no considera solamente aumentar el número de expedientes revisados, sino también modificar la forma en que se desarrollan algunos procedimientos.
Entre las medidas se encuentra la modernización de plataformas informáticas, eliminación de requerimientos duplicados, mayor trazabilidad de las solicitudes y la posibilidad de tramitar determinadas etapas de manera paralela.
También se analiza reducir visitas presenciales a terreno cuando los antecedentes puedan verificarse mediante imágenes satelitales, drones o información histórica, además de incorporar herramientas de inteligencia artificial en determinados procesos.
Otro de los cambios apunta a simplificar permisos relacionados con obras hidráulicas y modificaciones de cauces, particularmente en intervenciones consideradas de menor riesgo, mediante mecanismos que permitan agilizar las autorizaciones manteniendo la fiscalización posterior correspondiente.
Impacto directo en la inversión regional
La agilización de estos procedimientos resulta especialmente relevante para regiones como Los Lagos, donde una parte importante de la actividad agrícola, inmobiliaria, sanitaria y productiva requiere autorizaciones sectoriales relacionadas con recursos hídricos.
Actualmente, un expediente demora en promedio 2,65 años en completar su tramitación en la DGA. La meta del organismo es reducir progresivamente ese plazo hasta situarlo en menos de un año.
Disminuir estos tiempos puede tener un efecto directo sobre proyectos de inversión que requieren autorizaciones antes de comenzar sus obras, permitiendo entregar mayor certeza a quienes desarrollan iniciativas y evitando que inversiones permanezcan detenidas exclusivamente por extensos procesos administrativos.
La DGA espera reducir durante este año el stock pendiente hasta aproximadamente 21 mil o 22 mil expedientes y proyecta que hacia 2029 pueda resolver anualmente una cantidad equivalente a las nuevas solicitudes que ingresan.
El desafío ahora será que estas medidas se traduzcan efectivamente en menores tiempos de espera en las regiones, permitiendo compatibilizar una adecuada regulación de los recursos hídricos con mayor certeza y agilidad para el desarrollo de nuevas inversiones.
Los biministros Claudio Alvarado y Louis de Grange inspeccionaron el complejo fronterizo durante la jornada de reapertura y destacaron el despliegue de los servicios públicos para recuperar progresivamente el principal corredor terrestre entre Chile y Argentina.
Este martes, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto al biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, realizaron una visita inspectiva al Sistema Integrado Cristo Redentor, en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, coincidiendo con el inicio de su reapertura.
El paso permanecía cerrado desde el 14 de julio debido a los sucesivos sistemas frontales que afectaron la alta cordillera, dejando importantes acumulaciones de nieve y hielo y condiciones que impedían garantizar un tránsito seguro. En algunos sectores, la nieve acumulada superó los seis metros.
Durante la visita, las autoridades destacaron el trabajo coordinado de los distintos organismos desplegados en la zona para despejar las vías, enfrentar los efectos de los aluviones y recuperar las condiciones necesarias para reactivar el tránsito.
“Este es el paso más importante que tiene nuestro país desde el punto de vista del flujo de cargas que ingresan a Chile de manera terrestre”, señaló Alvarado, quien agregó que durante la jornada se proyectaba el ingreso de aproximadamente 1.200 camiones al país.
El biministro también valoró el trabajo realizado durante los 35 días de interrupción. “Nuestra gente, las maquinarias y toda su disposición siempre estuvieron al servicio de superar las consecuencias de esta adversidad climática”, afirmó.
Por su parte, Louis de Grange destacó la relevancia económica y logística del corredor fronterizo, señalando que por Los Libertadores transita cerca del 50% de la carga que ingresa al país por esta vía. “Cada hora, cada día que los camiones están detenidos tiene un impacto no solo económico, sino también en la provisión de alimentos y suministros”, sostuvo.
Reapertura gradual
La planificación contempla una normalización progresiva del tránsito. Hasta este jueves, el complejo operará exclusivamente para transporte de carga desde Argentina hacia Chile, entre las 08:00 y las 20:00 horas. Durante viernes y sábado, el flujo se realizará en sentido contrario, desde Chile hacia Argentina.
La habilitación para vehículos menores, buses y tránsito turístico será informada posteriormente, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas y de seguridad en la ruta.
La reapertura representa un avance relevante para recuperar el flujo comercial y logístico entre ambos países después de más de un mes de interrupción. Alvarado indicó que, si las condiciones climáticas continúan favorables, no deberían registrarse dificultades de abastecimiento durante los próximos meses, incluyendo el período previo a Fiestas Patrias.
Alvarado aborda feriado del 17 de septiembre y agenda de seguridad
Consultado por la posibilidad de establecer el 17 de septiembre como feriado, Alvarado sostuvo que para el Ejecutivo la materia ya se encuentra definida por la legislación vigente y recordó que las condiciones para establecer días adicionales fueron acordadas previamente en el Congreso.
“Para el Gobierno la condición de feriados está absolutamente definida”, afirmó, agregando que un día adicional también tiene consecuencias sobre la actividad económica y el PIB.
En materia de seguridad, el biministro destacó la propuesta constitucional impulsada por el Gobierno para incorporar nuevas herramientas destinadas a enfrentar a organizaciones criminales, entre ellas un nuevo tipo de estado de excepción constitucional. La iniciativa deberá ser discutida en el Congreso para definir sus condiciones y plazos de aplicación.
Finalmente, respecto de la modernización del empleo público, Alvarado informó que comenzó a trabajar una comisión especializada destinada a estudiar cambios al Estatuto Administrativo.
Según explicó, las conclusiones de esta instancia servirán como insumo para elaborar propuestas que permitan adecuar el funcionamiento del sector público a las necesidades actuales, incorporando en el proceso a los funcionarios y sus representantes.
