Un estudio de la consultora Colliers reveló que la Región de Los Lagos registra el mayor tiempo de espera para la aprobación de proyectos inmobiliarios del país. La demora impacta directamente en el costo final de las viviendas y limita el desarrollo de nuevas inversiones.

La tramitación de proyectos inmobiliarios sigue siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo urbano en Chile. De acuerdo con un estudio elaborado por Colliers, la Región de Los Lagos encabeza el ranking nacional de demoras en la aprobación de iniciativas habitacionales, con un promedio de 472 días para completar los procesos administrativos vinculados a permisos y recepciones de obras.

El informe compara los tiempos registrados durante 2025 y 2026 en distintas regiones del país y concluye que, si bien Los Lagos redujo sus plazos en cerca de tres meses respecto del año anterior, continúa siendo la zona con la mayor espera a nivel nacional. Detrás aparecen Biobío (437 días) y O’Higgins (430 días).

Según el análisis, la extensión de estos procesos tiene efectos concretos en el mercado inmobiliario. Los mayores tiempos de tramitación incrementan los costos financieros de las empresas constructoras, gastos que finalmente terminan reflejándose en el precio de venta de las viviendas. La estimación de Colliers apunta a que este fenómeno puede representar un aumento cercano al 10% en el valor final de una propiedad.

El estudio también advierte que hace una década el ciclo completo de un proyecto —desde el ingreso del anteproyecto hasta la recepción final— demoraba alrededor de 1.300 días, mientras que actualmente el proceso bordea los 2.000 días, lo que retrasa el inicio de nuevas obras y reduce el dinamismo del sector.

Entre las causas identificadas aparecen la complejidad de los procesos administrativos, la falta de criterios técnicos uniformes entre municipios, modificaciones a instrumentos de planificación urbana y una creciente judicialización de algunos proyectos, factores que prolongan la obtención de permisos.

Desde el sector inmobiliario plantean que reducir los tiempos de respuesta permitiría acelerar la construcción de viviendas, incentivar nuevas inversiones y generar empleo, además de contribuir a contener el aumento de los precios para quienes buscan acceder a una vivienda.

¿Qué dice el ranking?

1. Los Lagos: 472 días
2. Biobío: 437 días
3. O’Higgins: 430 días
4. Antofagasta: 394 días
5. Coquimbo: 317 días
6. Valparaíso: 317 días
7. Región Metropolitana: 488 días (aunque presentó una leve mejora respecto al período anterior).

Monitoreo permanente, coordinación interinstitucional y presencia en terreno marcan la estrategia para enfrentar las lluvias entre Atacama y Biobío, priorizando la protección de las personas y la continuidad de la respuesta de emergencia.

El Gobierno continúa desplegado en las regiones afectadas por el sistema frontal que impacta a gran parte de la zona centro-sur del país, reforzando las labores preventivas, el monitoreo permanente y la coordinación entre los distintos organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Durante una nueva actualización del balance nacional, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informaron que los equipos de emergencia se mantienen operativos en terreno para atender las distintas situaciones derivadas de las intensas precipitaciones, el viento y las marejadas, priorizando la protección de las personas y la recuperación de los servicios afectados.

Como parte de las medidas preventivas adoptadas por el Ejecutivo, el Ministerio de Educación suspendió las clases en las regiones comprendidas entre Atacama y La Araucanía, mientras que maquinaria, cuadrillas y equipos especializados han permanecido trabajando durante toda la jornada para enfrentar anegamientos, despejar rutas, retirar árboles caídos y atender otras emergencias registradas en distintos puntos del país.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre el Gobierno, Senapred, las Delegaciones Presidenciales, municipios y organismos de primera respuesta ha permitido mantener un seguimiento permanente de la evolución del evento meteorológico y activar respuestas oportunas frente a las contingencias que se han presentado.

En esa línea, el subsecretario del Interior señaló que todas las instituciones del Estado se encuentran funcionando de manera coordinada para prevenir riesgos y entregar respuestas tempranas a la ciudadanía, mientras que Senapred reiteró el llamado al autocuidado, especialmente en sectores costeros y zonas donde permanecen vigentes alertas por precipitaciones, viento y marejadas.

El Gobierno informó que continuará monitoreando la evolución del sistema frontal durante las próximas horas, manteniendo el despliegue de los equipos regionales y nacionales, con el objetivo de resguardar a la población y responder oportunamente a las necesidades que se presenten en los territorios afectados.

La Contraloría General de la República dio inicio a una auditoría en la Municipalidad de Llanquihue, procedimiento que se extendería por aproximadamente dos meses y que busca revisar distintos aspectos de la gestión administrativa y financiera del municipio. La fiscalización se origina tras antecedentes puestos en conocimiento del organismo contralor por parte de una integrante del Concejo Municipal, los cuales fueron incorporados a la planificación anual de auditorías.

De acuerdo con la información conocida, el proceso considera la revisión de materias vinculadas al control de activos fijos, la administración financiera y otros procedimientos internos de la casa edilicia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y el correcto uso de los recursos públicos.

La auditoría contempla la recopilación de antecedentes, revisión documental y entrevistas con funcionarios municipales, diligencias habituales en este tipo de fiscalizaciones desarrolladas por el organismo contralor. Una vez concluido el proceso, la Contraloría emitirá un informe con sus observaciones, conclusiones y, de ser necesario, recomendaciones o medidas correctivas.

Hasta ahora, la apertura de esta auditoría no constituye una determinación sobre la existencia de responsabilidades administrativas o eventuales irregularidades, sino el inicio de un procedimiento destinado a esclarecer los hechos y evaluar el funcionamiento de los mecanismos de control interno del municipio.

La revisión de la Contraloría se desarrolla en un contexto donde la probidad, la transparencia y la adecuada administración de los recursos públicos continúan siendo materias de especial interés para la comunidad y para los organismos fiscalizadores, cuyos informes finales serán los que determinen si existen observaciones que deban ser subsanadas por la administración municipal.

La auditoría se desarrolla en un escenario de transición institucional para el municipio. Desde mediados de noviembre de 2025, la administración comunal ha estado encabezada por el alcalde suplente, Cristián Olavarría, quien asumió el cargo tras ser elegido por el Concejo Municipal para reemplazar temporalmente a Víctor Angulo, luego de la suspensión de este último. De esta forma, Olavarría ha liderado la Municipalidad durante cerca de ocho meses, período en el que ha debido dar continuidad a la gestión comunal mientras se resolvía la situación judicial y administrativa del alcalde electo. Tras la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones que dejó sin efecto la destitución y aplicó una suspensión de tres meses, se espera que Víctor Angulo retome sus funciones durante los primeros días de agosto, una vez cumplida la sanción impuesta.

«Tenemos una enfermedad económica». Con esa frase, el candidato presidencial José Antonio Kast abordó los resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) correspondiente a mayo, cuyo crecimiento alcanzó apenas un 0,2%, una cifra que se ubicó por debajo de las proyecciones del mercado y que reabrió el debate sobre el desempeño de la economía chilena.

En ese contexto, Kast sostuvo que los principales indicadores económicos muestran señales preocupantes, afirmando que el país enfrenta un escenario marcado por un bajo dinamismo de la inversión, una recuperación insuficiente de la actividad y un crecimiento que, a su juicio, no responde a las necesidades de las familias ni de las empresas. El abanderado aseguró que las cifras constituyen «más de una luz de alerta» y enfatizó la necesidad de implementar medidas orientadas a incentivar la inversión privada, generar empleo y recuperar el ritmo de crecimiento económico.

Las declaraciones se producen luego de que el IMACEC de mayo reflejara una expansión de solo 0,2% en comparación con igual mes del año anterior, resultado que fue interpretado por distintos actores económicos como una señal de estancamiento en la actividad. El dato también se da en un contexto en que persisten las discusiones sobre productividad, inversión y las perspectivas de crecimiento para los próximos meses.

El desempeño de la economía continuará siendo uno de los principales ejes del debate público y político de cara a las elecciones presidenciales, donde las distintas candidaturas han comenzado a presentar sus diagnósticos y propuestas para enfrentar los desafíos del crecimiento, el empleo y la reactivación económica.

Mientras el Ministerio de Vivienda impulsa cambios para que las ciudades puedan crecer de acuerdo con sus planes reguladores, surge una pregunta para Llanquihue: ¿existen sectores urbanos que hoy no pueden desarrollarse simplemente porque están fuera del territorio operacional de la sanitaria?

Durante años, el crecimiento de las ciudades ha estado asociado a los planes reguladores y a los límites urbanos establecidos por los instrumentos de planificación territorial. Sin embargo, un debate que ha cobrado fuerza a nivel nacional plantea una interrogante distinta: ¿quién define realmente dónde puede crecer una ciudad?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ha sostenido que, en la práctica, el desarrollo urbano no está determinado por el límite urbano, sino por el territorio operacional de las empresas sanitarias. En otras palabras, aunque un terreno se encuentre oficialmente dentro del área urbana, si no existe factibilidad de agua potable y alcantarillado, su desarrollo habitacional o inmobiliario resulta prácticamente inviable.

La discusión ha abierto un nuevo frente en la política urbana del país. Desde el Ministerio de Vivienda se impulsa una modificación legal para que los límites operacionales de las sanitarias coincidan con los límites urbanos definidos por la planificación territorial, buscando eliminar una de las principales barreras para la construcción de viviendas.

Pero más allá del debate nacional, la pregunta cobra especial relevancia en Llanquihue.

En los últimos años, la comuna ha experimentado un importante crecimiento demográfico y una creciente demanda por nuevos proyectos habitacionales. Sin embargo, distintos actores del sector inmobiliario y urbano han advertido que existen terrenos con vocación urbana cuyo desarrollo depende, más que del Plan Regulador, de la posibilidad de acceder a infraestructura sanitaria.

Esto plantea una interrogante de fondo: ¿está preparada la infraestructura sanitaria para acompañar el crecimiento proyectado de Llanquihue?

Responder esa pregunta resulta clave para el futuro de la comuna. Si el territorio operacional de la empresa sanitaria no avanza al mismo ritmo que la expansión urbana, podrían existir sectores donde el crecimiento quede detenido, pese a que la planificación territorial permita construir.

La discusión impulsada por el Ministerio abre, además, una oportunidad para revisar la realidad local y proyectar cómo debería crecer Llanquihue durante las próximas décadas. El desafío ya no sería únicamente ampliar el límite urbano, sino asegurar que la infraestructura esencial llegue donde la ciudad está llamada a desarrollarse.

En definitiva, el debate deja una reflexión que también interpela a Llanquihue: una ciudad puede tener suelo disponible para crecer sobre el papel, pero si el agua potable y el alcantarillado no llegan hasta ese lugar, ese crecimiento simplemente no ocurre.

La Superintendencia del Medio Ambiente resolvió sancionar al proyecto inmobiliario Alto Maullín con una multa cercana a los $3.800 millones, tras una extensa investigación iniciada por presuntos incumplimientos ambientales detectados durante la ejecución de las obras.

La autoridad concluyó que existieron infracciones relacionadas con la intervención de áreas protegidas y el desarrollo de trabajos que no se ajustaron a las condiciones originalmente autorizadas. El proceso incluyó diversas etapas de fiscalización, recopilación de antecedentes y análisis técnico antes de llegar a la resolución final.

Desde la SMA señalaron que la magnitud de la sanción responde a la gravedad de los incumplimientos detectados, mientras que la empresa aún cuenta con instancias administrativas y judiciales para impugnar o revisar la decisión.

El caso se ha transformado en uno de los procedimientos ambientales más relevantes registrados en la provincia de Llanquihue durante los últimos años, debido al impacto que generó el proyecto y a las controversias surgidas en torno a su ejecución.

La resolución emitida por la Superintendencia del Medio Ambiente marca un precedente relevante al reconocer de manera explícita la importancia del Sitio Prioritario Río Maullín como un factor determinante para evaluar los efectos de proyectos inmobiliarios sobre el entorno natural. La decisión fortalece la protección de esta cuenca y podría influir en futuras evaluaciones ambientales.

Especialistas en la materia destacaron que la multa aplicada busca corregir las ventajas económicas obtenidas mediante actividades desarrolladas al margen de la normativa vigente. Asimismo, subrayaron que el fallo reafirma el carácter preventivo y obligatorio de la evaluación ambiental, dejando en claro que las empresas no podrán recurrir a modificaciones parciales de sus iniciativas para evitar responsabilidades una vez generados impactos significativos.

Desde organizaciones vinculadas a la conservación ambiental también valoraron la resolución, señalando que constituye una señal para el sector privado respecto de la necesidad de cumplir rigurosamente con los procedimientos establecidos, especialmente cuando los proyectos se emplazan en ecosistemas sensibles y de alto valor ecológico.

El caso también evidenció el rol que han desempeñado durante años comunidades locales y organizaciones ciudadanas en la defensa de la cuenca del Río Maullín. Gracias a sus gestiones y denuncias, se logró impulsar acciones de fiscalización que hoy derivan en un antecedente relevante para la protección de humedales, biodiversidad y corredores biológicos del sur de Chile.

Pese a la sanción, el proceso aún no está completamente cerrado, ya que la empresa involucrada mantiene la posibilidad de recurrir a instancias judiciales para impugnar la decisión. Frente a este escenario, las organizaciones ambientales anunciaron que continuarán monitoreando el cumplimiento de las medidas adoptadas por la autoridad.

Link de información en sitio web del SMA: https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/2546

El principal corredor vial del sur de Chile se prepara para una transformación de gran escala. El proyecto que contempla nuevas terceras pistas, sistemas de telepeaje y mejoras en distintos tramos de la Ruta 5 entre Río Bueno y Puerto Montt busca responder al creciente flujo de vehículos y fortalecer la conectividad de una de las zonas con mayor dinamismo económico y turístico del país.

La iniciativa adquiere especial relevancia para el eje conformado por Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, un territorio que concentra actividades productivas, logísticas, industriales, comerciales y de servicios que se han expandido sostenidamente durante las últimas décadas. La modernización de la principal carretera permitirá mejorar los tiempos de desplazamiento, aumentar los estándares de seguridad vial y entregar una mayor capacidad frente a la creciente demanda de transporte de personas y carga.

El desarrollo de esta infraestructura también es visto como un impulso estratégico para la región, considerando que Puerto Montt actúa como puerta de entrada a la Patagonia y centro logístico del sur austral, mientras que Puerto Varas y Llanquihue continúan consolidándose como polos turísticos, residenciales y de inversión. La conectividad eficiente entre estas comunas resulta clave para sostener el crecimiento económico y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo.

Las obras proyectadas apuntan a modernizar un tramo considerado fundamental para la movilidad regional y nacional, fortaleciendo la integración territorial y preparando la red vial para los desafíos de las próximas décadas. Para autoridades, gremios y actores productivos, la mejora de la Ruta 5 representa una inversión estratégica que podría convertirse en uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para el sur de Chile en los próximos años.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, entregaron una carta al Presidente de la República, José Antonio Kast, solicitando estudiar una modificación legal, que buscan abrir la discusión sobre la instalación de nuevos casinos de juegos en capitales regionales que hoy se encuentran limitadas por la normativa vigente. Wainraihgt ha planteado que la capital de la Región de Los Lagos posee condiciones económicas, demográficas y estratégicas que justifican plenamente evaluar una iniciativa de esta naturaleza.

La propuesta surge en el contexto de los esfuerzos que distintos municipios del país están realizando para revisar las restricciones que actualmente impiden la llegada de nuevos proyectos de casinos a determinadas comunas. En ese escenario, Wainraihgt ha sostenido que Puerto Montt no puede quedar al margen de una discusión que apunta a fortalecer el desarrollo económico, turístico y de servicios de las regiones.

Como capital regional y principal centro urbano del sur austral de Chile, Puerto Montt concentra una importante actividad comercial, logística y financiera. Su condición de puerta de entrada a la Patagonia, junto con una población que supera ampliamente a muchas ciudades que cuentan con este tipo de infraestructura, son elementos que, según sus impulsores, respaldan la posibilidad de avanzar hacia un proyecto de casino con estándares modernos y enfocado en el desarrollo turístico.

A ello se suma su ubicación estratégica, que la convierte en un punto de conexión clave para las regiones australes. La ciudad recibe permanentemente visitantes por motivos de negocios, turismo y servicios, además de concentrar una amplia oferta hotelera, gastronómica y de transporte. Para quienes respaldan la iniciativa, estas características hacen que Puerto Montt reúna condiciones objetivas que ameritan analizar la incorporación de una industria de entretenimiento de mayor escala.

La visión va más allá de una sala de juegos. La propuesta apunta a la creación de un complejo capaz de albergar espectáculos, conciertos, eventos culturales, congresos y actividades recreativas, generando un nuevo polo de atracción para visitantes nacionales e internacionales. De esta forma, se busca fortalecer la economía local, diversificar la oferta turística y potenciar la generación de empleo en distintos sectores productivos.

Los defensores de la iniciativa sostienen que una ciudad con la relevancia regional de Puerto Montt, su peso económico y su cantidad de habitantes, cuenta con fundamentos suficientes para ser considerada dentro de futuras políticas de desarrollo vinculadas a la entretención y el turismo. En ese contexto, el llamado es a abrir un debate que permita evaluar nuevas oportunidades de crecimiento para la capital regional y para toda la Región de Los Lagos.

La propuesta del Gobierno para crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades continúa generando debate político y ciudadano, aunque las primeras mediciones muestran un importante respaldo de la opinión pública a la iniciativa.

Según diversos sondeos conocidos durante los últimos días, una mayoría de los consultados (Encuesta Black and White) se manifestó favorable a la creación de un registro destinado a identificar a personas condenadas por actos de vandalismo y conductas que afecten la convivencia en espacios públicos. Entre los resultados difundidos, el apoyo supera ampliamente a quienes rechazan la medida.

La iniciativa fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública y posteriormente formalizada mediante la firma de un proyecto de ley que será tramitado en el Congreso. El objetivo, según ha explicado el Ejecutivo, es generar un mecanismo de registro para quienes sean sancionados por conductas como daños a la infraestructura pública, rayados no autorizados, destrucción de mobiliario urbano y otras acciones consideradas incivilidades o actos vandálicos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno, las personas incorporadas al registro podrían enfrentar restricciones temporales para acceder a determinados beneficios estatales y realizar algunos trámites administrativos mientras permanezcan inscritas. La permanencia propuesta en el registro sería de cinco años para los casos contemplados por la iniciativa.

Desde La Moneda sostienen que la medida busca fortalecer la responsabilidad individual y generar un efecto disuasivo frente a conductas que deterioran los espacios comunes y afectan la calidad de vida de los vecinos. Autoridades han comparado la propuesta con otros registros ya existentes en Chile, como el de deudores de pensiones de alimentos o el de personas sancionadas por hechos de violencia en espectáculos deportivos.

Sin embargo, la iniciativa también ha despertado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y académicos. Algunos expertos han advertido sobre eventuales impactos en garantías fundamentales y han planteado dudas respecto de la proporcionalidad de las sanciones asociadas al registro.

Mientras el debate comienza a trasladarse al Congreso, las encuestas reflejan que el combate a la delincuencia, el vandalismo y las incivilidades sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, contexto que explica el alto nivel de respaldo que ha obtenido la propuesta en sus primeras semanas de discusión pública.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció nuevas medidas para fortalecer la fiscalización del IVA aplicado a las plataformas digitales extranjeras que prestan servicios a usuarios en Chile. La iniciativa busca asegurar que empresas que operan desde el exterior, incluyendo aplicaciones de entretenimiento, apuestas online, streaming y otros servicios digitales, cumplan con las obligaciones tributarias establecidas por la legislación chilena.

Según explicó la autoridad, el objetivo es reducir los espacios de evasión y mejorar los mecanismos de control sobre actividades económicas que generan ingresos en el país, pero que históricamente han presentado mayores desafíos de supervisión debido a su carácter internacional y digital.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la recaudación tributaria y equiparar las condiciones entre las empresas locales y las plataformas extranjeras que compiten en el mercado chileno. Con ello, el SII espera incrementar el cumplimiento tributario y fortalecer la recaudación fiscal proveniente del creciente comercio y consumo de servicios digitales.

Expertos señalan que el avance de la economía digital ha obligado a numerosos países a adaptar sus sistemas tributarios para asegurar que las plataformas internacionales contribuyan de manera similar a las empresas que mantienen operaciones físicas dentro de sus territorios. En este contexto, Chile continúa profundizando los mecanismos de fiscalización sobre un sector que ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años.

Las nuevas acciones del organismo apuntan a consolidar un control más efectivo sobre las transacciones digitales, reforzando la trazabilidad de los pagos y la correcta declaración de impuestos asociados a servicios consumidos por usuarios nacionales.