El organismo proyecta resolver más de 15 mil expedientes durante 2026, un 58% más que el año pasado, junto con impulsar cambios para simplificar trámites y reducir los tiempos de respuesta que afectan a proyectos de inversión en distintas regiones del país.
La Dirección General de Aguas (DGA) está impulsando una estrategia para acelerar la tramitación de miles de expedientes pendientes y reducir uno de los principales cuellos de botella administrativos que enfrentan proyectos agrícolas, inmobiliarios, sanitarios, energéticos y productivos en Chile.
Al asumir la actual administración, el organismo recibió un stock acumulado de 28.645 expedientes pendientes. A ello se suma que anualmente ingresan alrededor de 10.576 nuevas solicitudes, lo que durante los últimos años ha dificultado disminuir la cartera acumulada.
Para 2026, la DGA se fijó como objetivo superar los 15 mil expedientes resueltos, frente a los 9.478 registrados durante 2025, lo que representaría un incremento cercano al 58%.
Los primeros resultados muestran avances. Entre marzo y julio se resolvieron 4.178 expedientes, un 18% más que durante igual período del año pasado.
Menos burocracia y mayor rapidez
La estrategia no considera solamente aumentar el número de expedientes revisados, sino también modificar la forma en que se desarrollan algunos procedimientos.
Entre las medidas se encuentra la modernización de plataformas informáticas, eliminación de requerimientos duplicados, mayor trazabilidad de las solicitudes y la posibilidad de tramitar determinadas etapas de manera paralela.
También se analiza reducir visitas presenciales a terreno cuando los antecedentes puedan verificarse mediante imágenes satelitales, drones o información histórica, además de incorporar herramientas de inteligencia artificial en determinados procesos.
Otro de los cambios apunta a simplificar permisos relacionados con obras hidráulicas y modificaciones de cauces, particularmente en intervenciones consideradas de menor riesgo, mediante mecanismos que permitan agilizar las autorizaciones manteniendo la fiscalización posterior correspondiente.
Impacto directo en la inversión regional
La agilización de estos procedimientos resulta especialmente relevante para regiones como Los Lagos, donde una parte importante de la actividad agrícola, inmobiliaria, sanitaria y productiva requiere autorizaciones sectoriales relacionadas con recursos hídricos.
Actualmente, un expediente demora en promedio 2,65 años en completar su tramitación en la DGA. La meta del organismo es reducir progresivamente ese plazo hasta situarlo en menos de un año.
Disminuir estos tiempos puede tener un efecto directo sobre proyectos de inversión que requieren autorizaciones antes de comenzar sus obras, permitiendo entregar mayor certeza a quienes desarrollan iniciativas y evitando que inversiones permanezcan detenidas exclusivamente por extensos procesos administrativos.
La DGA espera reducir durante este año el stock pendiente hasta aproximadamente 21 mil o 22 mil expedientes y proyecta que hacia 2029 pueda resolver anualmente una cantidad equivalente a las nuevas solicitudes que ingresan.
El desafío ahora será que estas medidas se traduzcan efectivamente en menores tiempos de espera en las regiones, permitiendo compatibilizar una adecuada regulación de los recursos hídricos con mayor certeza y agilidad para el desarrollo de nuevas inversiones.
