La iniciativa buscaba destrabar inversiones en la salmonicultura mediante el desplazamiento acotado de concesiones. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo deberá evaluar alternativas que permitan mantener el impulso al empleo y desarrollo productivo del sur dentro del marco ambiental vigente.
Un nuevo escenario se abrió para la industria salmonera luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional parte de las disposiciones relacionadas con las denominadas microrrelocalizaciones de concesiones acuícolas, incluidas en el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno.
La propuesta buscaba facilitar el desplazamiento de determinadas concesiones hasta 350 metros, sin aumentar su superficie ni la producción autorizada, permitiendo mejorar su ubicación y destrabar proyectos de inversión que llevan años esperando una solución.
El TC objetó parte del mecanismo establecido para implementar estas microrrelocalizaciones, particularmente disposiciones relacionadas con su tratamiento frente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La resolución representa ahora un desafío jurídico para el Ejecutivo, que deberá analizar los fundamentos del fallo y determinar qué alternativas existen para continuar avanzando en una política que apunta a modernizar el ordenamiento de la actividad acuícola.
Desde el sector salmonero han destacado la importancia económica de la iniciativa. El Consejo del Salmón, encabezado por Loreto Seguel, ha sostenido que avanzar en microrrelocalizaciones permitiría movilizar nuevas inversiones y generar más de 5.400 empleos en las regiones del sur, además de tener un impacto positivo sobre la actividad económica regional.
El Gobierno ha planteado desde el inicio de su administración una agenda orientada a reactivar la inversión, reducir trabas y generar empleo, particularmente en sectores estratégicos para las regiones. En materia salmonera, el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura han tenido un rol central en la búsqueda de soluciones para concesiones que llevan años esperando procesos de relocalización.
La decisión del TC no cierra necesariamente la discusión sobre las microrrelocalizaciones. El desafío será encontrar una fórmula que permita compatibilizar inversión, empleo y desarrollo de la salmonicultura con el cumplimiento de las exigencias ambientales y constitucionales.
Para regiones como Los Lagos, donde la salmonicultura representa una de las principales actividades económicas y fuentes de empleo, la discusión será especialmente relevante. El próximo paso estará en manos del Ejecutivo, que deberá estudiar la resolución y evaluar los mecanismos disponibles para continuar impulsando el desarrollo productivo del sur de Chile.
