A partir de este mes comenzará a aplicarse en Chile una nueva regulación que modificará la forma en que se calcula el pago mínimo de las tarjetas de crédito. La medida, impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se implementará de manera progresiva hasta 2028 y obligará a los usuarios a destinar montos mayores al pago mensual de sus deudas.
El objetivo de la normativa es reducir los niveles de endeudamiento prolongado y evitar que los consumidores mantengan saldos impagos durante largos períodos pagando únicamente una fracción mínima de sus obligaciones. Según la autoridad, el sistema actual favorece que parte importante de la deuda se extienda por años, incrementando significativamente el costo final para los clientes.
Con las nuevas reglas, el pago mínimo ya no considerará solamente una pequeña parte del capital adeudado. Gradualmente se incorporarán mayores exigencias para amortizar la deuda principal, además de cubrir intereses, comisiones, impuestos y otros cargos asociados. De esta forma, quienes utilicen crédito rotativo deberán destinar más recursos cada mes para mantenerse al día.
La implementación será escalonada. Durante una primera etapa, el pago mínimo corresponderá al menos al 5% del capital insoluto, porcentaje que aumentará con el tiempo hasta alcanzar un esquema más exigente. Como consecuencia, miles de clientes verán incrementado el monto que deberán desembolsar mensualmente.
Especialistas advierten que la medida llega en un contexto económico complejo para numerosas familias, marcado por un mercado laboral debilitado y una persistente presión sobre el costo de la vida. Aunque reconocen que la normativa apunta a mejorar la salud financiera de largo plazo, también señalan que podría tensionar los presupuestos de hogares que dependen de las tarjetas para financiar gastos cotidianos.
Datos de la propia CMF muestran que una proporción relevante de usuarios suele pagar únicamente el monto mínimo o una cifra cercana a éste. Para ese segmento, el cambio podría representar un ajuste importante en su flujo de caja mensual, obligándolos a reorganizar gastos o buscar alternativas de financiamiento.
Desde la industria financiera existe consenso en que la iniciativa contribuirá a reducir riesgos de sobreendeudamiento, pero también se ha planteado la necesidad de monitorear sus efectos durante la transición. Algunos expertos advierten que una parte de los consumidores podría enfrentar mayores dificultades para cumplir con las nuevas exigencias, especialmente aquellos con altos niveles de deuda y escaso margen financiero.
La discusión también ha abierto el debate sobre el equilibrio entre la protección al consumidor y la libertad de cada persona para administrar sus finanzas. Mientras algunos valoran que la normativa incentive una reducción más rápida de las deudas, otros sostienen que el aumento del pago mínimo podría restringir la capacidad de maniobra de los hogares en períodos de estrechez económica.
En cualquier caso, el nuevo sistema marcará uno de los cambios más relevantes de los últimos años en el mercado de tarjetas de crédito chileno, con efectos que se harán visibles de manera gradual a medida que avance su implementación hasta 2028.
