Las solicitudes para subdividir predios rústicos acumulan una baja cercana al 80% respecto de los máximos registrados en 2022. El Gobierno mantiene en discusión una propuesta para ordenar el desarrollo habitacional en áreas rurales y reforzar la protección de los suelos agrícolas.
El mercado de las parcelaciones rurales continúa mostrando una marcada desaceleración en Chile. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron 2.345 solicitudes de subdivisión de predios rústicos, cifra que representa una caída de 49% respecto del mismo período de 2025 y que se ubica muy por debajo de los niveles observados hace cuatro años.
La diferencia es especialmente significativa al comparar las cifras con el primer semestre de 2022, cuando se contabilizaron 12.032 solicitudes. Desde ese máximo, el volumen de ingresos ha disminuido aproximadamente 80%, dando cuenta de un escenario mucho más restrictivo para este tipo de desarrollos.
La tendencia comenzó a hacerse evidente luego de las medidas adoptadas en 2022 para reforzar la fiscalización de las subdivisiones rurales. Desde entonces, las solicitudes han descendido de manera sostenida: durante 2023 se registraron 8.323 ingresos en el primer semestre y 6.894 en el segundo; en 2024 fueron 5.737 y 5.006, respectivamente; mientras que en 2025 bajaron a 4.618 y 4.032.
El debate ahora está en cómo regular el crecimiento rural
Más allá de la caída de las solicitudes, la discusión de fondo continúa siendo qué tipo de desarrollo puede permitirse en sectores rurales y bajo qué condiciones.
El Gobierno ingresó en 2024 un proyecto destinado a introducir modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objetivo de establecer reglas más claras para las parcelaciones y enfrentar el crecimiento habitacional fuera de las áreas urbanas planificadas.
La iniciativa, sin embargo, no ha registrado avances sustantivos durante los últimos meses y permanece en discusión legislativa.
Uno de los puntos que se ha planteado durante su tramitación es la posibilidad de establecer mecanismos que permitan distinguir entre subdivisiones destinadas efectivamente a actividades rurales y aquellas que, en la práctica, terminan conformando sectores residenciales.
También se ha discutido la creación de una franja de transición entre los límites urbanos y rurales, buscando generar un marco regulatorio intermedio para zonas donde actualmente existe presión por nuevos desarrollos.
Agricultura pone el foco en proteger los suelos productivos
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, señaló que la prioridad de su cartera está en resguardar los terrenos con aptitud agrícola y evitar que su subdivisión termine modificando su uso hacia fines exclusivamente habitacionales.
Desde Agricultura sostienen que el desafío no pasa necesariamente por impedir las subdivisiones rurales, sino por establecer mecanismos que permitan compatibilizar el derecho de los propietarios a subdividir sus terrenos con la protección de los mejores suelos productivos del país.
En esa línea, la discusión regulatoria será clave para determinar cómo evolucionará el mercado de parcelas durante los próximos años, especialmente en regiones donde la expansión de proyectos residenciales rurales ha sido significativa.
Por ahora, las cifras muestran un cambio evidente: el auge de las parcelaciones registrado a comienzos de esta década se ha reducido drásticamente, mientras las nuevas reglas que podrían definir su futuro continúan pendientes en el Congreso.
