El aluvión de Las Condes abre preguntas sobre los criterios que permitieron urbanizar la precordillera y la capacidad de los colectores que reciben sus quebradas. Una advertencia municipal de julio obliga, además, a revisar qué medidas se adoptaron antes de la emergencia.
El agua y el barro que descendieron sobre San Carlos de Apoquindo dejaron una pregunta que va más allá de la intensidad de la lluvia: ¿con qué margen de seguridad se permitió construir una ciudad al pie de quebradas activas?
La respuesta exige retroceder hasta el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994. La cota de 1.000 metros quedó como referencia para el límite de expansión urbana en el borde cordillerano. Una investigación académica la vincula con la transición del piedemonte hacia sectores de quebradas y pendientes más pronunciadas. Pero esa referencia territorial no equivale a una garantía de seguridad para cada terreno situado bajo ella.
¿Por qué se escogieron los 1.000 metros y no los 800? ¿Qué estudios compararon ambos límites? ¿Cómo se evaluó la exposición de los futuros habitantes a crecidas y aluviones? La fundamentación original de esa decisión es una pieza pendiente de esta investigación.
La otra pregunta está bajo tierra: qué capacidad tienen las obras que reciben el agua de las quebradas y bajo qué exigencias fueron aprobadas.
El académico de Ingeniería Hidráulica y Ambiental UC Jorge Gironás explica que las quebradas Honda y Apoquindo desembocan en un sistema de colectores. Su evaluación tras la emergencia advierte que esas conducciones no están pensadas para eventos como el ocurrido y que las obstrucciones agravan el problema.
Determinar si el diámetro era insuficiente requiere revisar los cálculos originales: cuánta agua se esperaba recibir, qué intensidad de lluvia se consideró y qué crecimiento urbano se incorporó. También exige establecer si las obras podían enfrentar el arrastre de piedras, barro y vegetación, o si su funcionamiento dependía de mantener permanentemente despejadas sus entradas.
Existe un antecedente que vuelve urgente esa revisión. El acta del Concejo Municipal de Las Condes del 23 de julio de 2026 registra una obstrucción parcial del acceso al colector Quebrada Honda por agua, piedras y lodo. Describe, además, acumulación de sedimentos que comprometía las estructuras de retención para otro frente climático, y conversaciones sobre nuevas piscinas decantadoras y mejoras de diseño.
¿Qué intervenciones se ejecutaron entre esa advertencia y el aluvión de octubre? ¿Se evaluó nuevamente la capacidad del sistema?
El PRMS ya exigía estudios y obras de protección para construir en quebradas. Por eso, la presencia de viviendas y equipamientos como colegios, universidades y clínicas obliga a revisar los permisos: qué riesgos se identificaron, qué medidas se aprobaron y cómo se verificó su cumplimiento.
La eventual influencia del interés inmobiliario también requiere documentos: cambios de zonificación, solicitudes de propietarios, observaciones técnicas y decisiones de las autoridades. Sin ellos, atribuir la cota mil a una presión empresarial sería una conclusión anticipada.
La pregunta de fondo es si la expansión de Santiago estuvo acompañada por exigencias de protección suficientes, o si las obras que debían hacerla segura quedaron rezagadas frente al crecimiento de la ciudad.
La revisión también debe alcanzar a las decisiones tomadas durante los años noventa: ¿qué lugar ocuparon la protección ambiental y la prevención de riesgos frente al impulso por expandir la ciudad? ¿Se cumplieron las reglas existentes y fueron suficientes las exigencias impuestas a los desarrolladores inmobiliarios?
Los socavones del sector Reñaca–Concón muestran por qué estas preguntas requieren respuestas. En el caso del colector Reñaca Norte, Contraloría detectó irregularidades en las aprobaciones y cuestionó aspectos de su funcionamiento y mantenimiento. Problema con el diámetro de las tuberías: también involucraba las condiciones bajo las cuales se autorizaron las obras y sus conexiones.
¿Dónde estuvieron las exigencias y la fiscalización de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas? ¿Quién debe responder cuando una infraestructura aprobada termina fallando? En Las Condes, esas responsabilidades todavía deben esclarecerse.
Las autoridades pueden haber dejado sus cargos y los desarrolladores haber vendido las viviendas y edificios, pero el riesgo permanece con quienes los habitan. El paso del tiempo no debería cerrar la revisión de las decisiones ni diluir las responsabilidades que se acrediten. La venta termina; la obligación de responder por lo construido no puede terminar con ella.
