La Superintendencia del Medio Ambiente resolvió sancionar al proyecto inmobiliario Alto Maullín con una multa cercana a los $3.800 millones, tras una extensa investigación iniciada por presuntos incumplimientos ambientales detectados durante la ejecución de las obras.
La autoridad concluyó que existieron infracciones relacionadas con la intervención de áreas protegidas y el desarrollo de trabajos que no se ajustaron a las condiciones originalmente autorizadas. El proceso incluyó diversas etapas de fiscalización, recopilación de antecedentes y análisis técnico antes de llegar a la resolución final.
Desde la SMA señalaron que la magnitud de la sanción responde a la gravedad de los incumplimientos detectados, mientras que la empresa aún cuenta con instancias administrativas y judiciales para impugnar o revisar la decisión.
El caso se ha transformado en uno de los procedimientos ambientales más relevantes registrados en la provincia de Llanquihue durante los últimos años, debido al impacto que generó el proyecto y a las controversias surgidas en torno a su ejecución.
La resolución emitida por la Superintendencia del Medio Ambiente marca un precedente relevante al reconocer de manera explícita la importancia del Sitio Prioritario Río Maullín como un factor determinante para evaluar los efectos de proyectos inmobiliarios sobre el entorno natural. La decisión fortalece la protección de esta cuenca y podría influir en futuras evaluaciones ambientales.
Especialistas en la materia destacaron que la multa aplicada busca corregir las ventajas económicas obtenidas mediante actividades desarrolladas al margen de la normativa vigente. Asimismo, subrayaron que el fallo reafirma el carácter preventivo y obligatorio de la evaluación ambiental, dejando en claro que las empresas no podrán recurrir a modificaciones parciales de sus iniciativas para evitar responsabilidades una vez generados impactos significativos.
Desde organizaciones vinculadas a la conservación ambiental también valoraron la resolución, señalando que constituye una señal para el sector privado respecto de la necesidad de cumplir rigurosamente con los procedimientos establecidos, especialmente cuando los proyectos se emplazan en ecosistemas sensibles y de alto valor ecológico.
El caso también evidenció el rol que han desempeñado durante años comunidades locales y organizaciones ciudadanas en la defensa de la cuenca del Río Maullín. Gracias a sus gestiones y denuncias, se logró impulsar acciones de fiscalización que hoy derivan en un antecedente relevante para la protección de humedales, biodiversidad y corredores biológicos del sur de Chile.
Pese a la sanción, el proceso aún no está completamente cerrado, ya que la empresa involucrada mantiene la posibilidad de recurrir a instancias judiciales para impugnar la decisión. Frente a este escenario, las organizaciones ambientales anunciaron que continuarán monitoreando el cumplimiento de las medidas adoptadas por la autoridad.
Link de información en sitio web del SMA: https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/2546
