Reformas económicas impulsadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet vuelven a quedar bajo revisión, luego de que Alejandro Micco y Andrea Repetto realizaran una autocrítica pública sobre el diagnóstico que sostuvo parte importante de esa agenda.
Ambos economistas reconocieron que, en ese período, existió una lectura demasiado optimista sobre la capacidad fiscal del país y sobre el ritmo de crecimiento que Chile podía mantener en el tiempo. En simple, se actuó como si el ciclo de bonanza del cobre y las holguras fiscales fueran una condición permanente, cuando en realidad el escenario económico ya comenzaba a mostrar señales de agotamiento.
El punto es relevante porque la reforma tributaria de 2014 buscaba aumentar la recaudación para financiar cambios estructurales, especialmente en educación. Sin embargo, con el paso de los años, distintos sectores han apuntado a que su diseño, implementación y efectos sobre la inversión terminaron abriendo una discusión mucho más compleja: si el país calculó mal sus capacidades reales antes de empujar una transformación de gran escala.
La autocrítica reabre una pregunta incómoda para la política chilena: ¿cuánto le costó al país haber impulsado reformas profundas sin leer correctamente el cambio de ciclo económico? Más allá de las intenciones declaradas, el debate apunta a una eventual falta de prudencia técnica y política al momento de medir los efectos sobre crecimiento, inversión y sostenibilidad fiscal.
A 12 años de esa discusión, el tema vuelve a instalarse en medio de un Chile que sigue buscando fórmulas para recuperar dinamismo económico, atraer inversión y ordenar sus cuentas públicas. La lección parece clara: las reformas no solo deben responder a objetivos políticos, también necesitan diagnósticos realistas, buena implementación y responsabilidad sobre sus consecuencias.
