El Gobierno anunció la apertura de investigaciones especiales en cuatro organismos públicos luego de detectarse observaciones financieras y administrativas que podrían involucrar riesgos fiscales superiores a los US$ 9.200 millones, según antecedentes revisados por organismos fiscalizadores del Estado.
Las indagatorias se concentrarán en instituciones como la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Prodemu y reparticiones vinculadas al Ministerio de Transportes, donde se habrían identificado inconsistencias relacionadas con ejecución presupuestaria, controles internos y rendiciones pendientes.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el objetivo de estas investigaciones será determinar posibles responsabilidades administrativas, revisar procedimientos internos y establecer eventuales medidas correctivas en torno al uso de recursos públicos.
Los antecedentes fueron presentados tras una revisión de distintos programas y mecanismos de financiamiento estatal, en medio de crecientes cuestionamientos respecto a la eficiencia y trazabilidad del gasto fiscal en diversas reparticiones públicas.
Desde el Ejecutivo señalaron que las auditorías buscarán esclarecer si existieron deficiencias en los sistemas de supervisión, problemas en la administración de fondos o irregularidades vinculadas a contratos y procesos de ejecución presupuestaria desarrollados en los últimos años.
La situación generó preocupación debido al volumen de recursos comprometidos y al impacto que podría tener sobre las finanzas públicas, especialmente en un contexto marcado por mayores exigencias de transparencia y control del gasto estatal.
En paralelo, se informó que las instituciones involucradas deberán colaborar con la entrega de antecedentes y documentación requerida durante el desarrollo de las investigaciones, mientras distintos organismos evaluarán posibles acciones administrativas adicionales en caso de detectarse incumplimientos o faltas graves.
Las autoridades insistieron en que el proceso apunta a fortalecer los mecanismos de control y garantizar un uso eficiente de los recursos fiscales, enfatizando que cualquier eventual irregularidad deberá ser esclarecida conforme avancen las revisiones y auditorías correspondientes.
